En un zoom con padres, docentes y representantes de escuelas públicas y privadas, el intendente de San Isidro junto con funcionarios detalló en qué estado se encuentra la acción judicial para que los chicos vuelvan a las aulas.

Ayer por la tarde, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, explicó en un Zoom con vecinos en qué situación se encuentra el amparo ante la justicia para que vuelvan las clases presenciales en el distrito. Informó que la medida pasó por distintas jurisdicciones y que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que ahora se espera el fallo del máximo tribunal.

Durante toda la reunión, los participantes -padres, docentes y representantes de escuelas públicas y privadas- dialogaron con el intendente y funcionarios de las áreas de Educación; Salud; Legal y Técnica; y también de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito. Además, pudieron realizar todo tipo de consultas.

“No se planteó una rebeldía, porque desde un primer momento se acataron las restricciones en el distrito. Pero está demostrado con evidencia científica que el índice de contagiosidad en las escuelas es muy bajo con el sistema de burbujas y protocolos establecidos”, aseguró el jefe comunal.

Y manifestó su preocupación por los efectos que puede causar la interrupción de las clases presenciales como el deterioro de la salud física y emocional de los estudiantes, el incremento de las desigualdades educativas y la pérdida de aprendizajes.

Desde el municipio sostienen que el DNU nacional es “irracional”, y que genera mayor prejuicio que el daño que pretende evitar. “Las experiencias de apertura escolar no se correlacionan con un aumento de infectados”, indicaron. Y agregaron que la medida adoptada por el Gobierno nacional no tiene el origen de contagios en las aulas, sino que intenta disminuir la circulación viral.

San Isidro es el segundo polo educativo de la provincia de Buenos Aires, cuenta con 310 escuelas entre municipales, provinciales y privadas, a las que concurren unos 87 mil alumnos.

El secretario de Salud Pública, Juan Viaggio, señaló que el índice de casos en la comunidad educativa es “ínfimo” y precisó que representa un 0,38 por ciento. Mientras que el índice de contagio general es de 2,52 por ciento.

“La evidencia es contundente en San Isidro; las escuelas no son un foco de contagio”, afirmó Viaggio. Además, explicaron que cuando los chicos están en las escuelas, se puede hacer un seguimiento y control sanitario de los alumnos y sus familias.

Otro aspecto a que tener en cuenta es que San Isidro es el segundo polo de salud del país, y el sistema de atención pública es muy robusto; cuenta con tres hospitales municipales y 14 centros de salud entre CAPS y consultorios descentralizados.

Además, se lleva adelante la estrategia de realizar hisopados para diagnosticar y aislar, lo que ubica a San Isidro entre los distritos que más testea por cada 100 mil habitantes.

Otra de las polémicas fue el movimiento que generaba la actividad escolar; sin embargo, desde el municipio destacaron que la cercanía de las escuelas facilita los traslados, ya sean a pie, en bicicleta o en auto. “Tres de cada cuatro familias optaron por alguno de estos medios”, contaron.

Para cerrar el encuentro, el intendente Posse aseveró que a la espera de que el fallo sea favorable, la idea es que no sea obligatoria la presencialidad ni tampoco la virtualidad en la educación. “No vamos a imponer ninguna de las dos cosas, sino que sea opcional”, aclaró.

También afirmó que están dispuestos a corregir “las veces que sean necesarias” los protocolos presentados. Y aseguró que seguirán trabajando en conjunto con los padres, directivos, docentes de las escuelas de gestión pública y privada.

Ante cualquier inquietud, los vecinos se pueden contactar por mail a: direcciongeneraldeeducacion@sanisidro.gov.ar

ESTADO JUDICIAL DEL AMPARO

Previo a que el Gobierno publique el DNU que prohibía la circulación de 20 a 6 de la mañana y suspendía las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Posse a través del decreto 521/2021 declaró a la educación como un servicio público esencial en San Isidro. “Defendemos el derecho y el acceso a la educación de los niños”, afirmó.

Al publicarse el decreto presidencial, el municipio junto con padres de alumnos de distintas escuelas del distrito, en representación de toda la comunidad educativa de San Isidro, presentó un amparo en la Justicia Federal de San Martín para sostener la presencialidad de los chicos y chicas en las aulas.

Luego, con la adhesión del gobierno de la provincia de Buenos Aires a la suspensión de clases, se amplió la demanda a la Provincia. A partir de allí, desde el área de Legales del Municipio informaron que el amparo pasó por la justicia federal, local y provincial, pero todos se declararon incompetentes para resolverlo. Por lo que el municipio tuvo que acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Actualmente, el expediente se encuentra en el máximo tribunal y se espera el fallo. “Somos optimistas, confiamos en que se va a garantizar el dictado de clases presenciales”, expresó Posse.