El Centro de Economía Política de Argentina analiza los lineamientos del proyecto oficial. Asegura que se ubican en línea con las propuestas de Fondo Monetario Internacional y de la Organización Económica para el la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)

La última recomendación del FMI en 2016 indica que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Misma mirada sostiene la OCDE, que recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”, indicando que la fórmula actual –modificada e 2009- “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”. Siguiendo
este último razonamiento, lo que se cuestiona –en el fondo- en el sistema jubilatorio solidario: naturalmente si los gremios pugnan por aumentos en las paritarias, ese beneficio se traduce a los jubilados, dado que los actuales activos financian la jubilación de los actuales inactivos de tercera edad. Ese sistema es lo que se busca quebrar.

La actualización a través de inflación significaría un “ahorro” fiscal más que relevante. Si realizamos una estimación con índice de movilidad, aplicado para las Jubilaciones, AUH y Asignaciones Familiares, para el año 2018 las erogaciones alcanzarían el billón 520 mil millones de pesos, mientras para la actualización con IPC sería aproximadamente un billón 408 millones de pesos. Es decir, se aplicaría un ajuste de 112 mil millones de pesos.

Los números: ¿A cuánto equivale la modificación de la metodología de cálculo del haber previsional? Teniendo en cuenta la evolución a la fecha de los recursos tributarios, la variación de salarios según RIPTE e INDEC, considerando una estimación propia de la evolución de dichos indicadores y manteniendo estable la cantidad de beneficiarios de SIPA es posible considerar un índice de movilidad de 13,53% para marzo de 2018 y proyectar para septiembre de ese mismo año un índice de 8%. Con estos guarismos, los resultados serían los siguientes.

Por otro lado, es posible percibir que hacia fines de 2018 la diferencia de la jubilación promedio con uno y otro mecanismo de cálculo alcanzaría los $ 1.481, es decir casi 9% de la misma. En el caso de la jubilación mínima, la misma sería de aproximadamente $ 8.884
considerando movilidad jubilatoria y de $ 8.100 con IPC, es decir, una reducción de casi $ 900.

Como se percibe en los cuadros 3 y 4 la reforma ajusta la AUH en algo más de $ 5,5 mil millones.
Es posible analizar que hacia fines de 2018 la diferencia de la AUH con uno y otro mecanismo de cálculo alcanzaría los $ 153, es decir casi 9% menos.

Ahora bien, ¿Por qué se impone con tanta vehemencia la necesidad de reducir el gasto previsional? Si observamos la distribución del gasto público en el Presupuesto 2018 (enviado
por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación), la porción más grande -el 69%- se dirige a Servicios Sociales, el 11% a servicios Económicos, 10% a Deuda Pública y el 5% a Administración Gubernamental. La clave es que de ese 69% que constituye el total del gasto en
Servicios Sociales y que suma 1 billón 900 mil pesos para 2018, el 75% corresponde al gasto en Seguridad Social. En otras palabras, de la cifra de 1.900.467 millones de pesos, 1.433.037 millones corresponden a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Estos primeros números
permiten constatar la centralidad que ocupa el gasto previsional y la necesidad imperiosa –para el gobierno nacional – de avanzar en este recorte para eliminar el déficit.