Estas “confesiones” llegaron cuando el fiscal Larramendi ya había avanzado lo suficiente y estaba a punto de pedir una orden de allanamiento en la casa de uno de los sospechosos. El Código Penal prevé para el delito de intimidación pública una pena de dos a seis años de prisión para quien, con el fin de infundir “un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”. El caso ahora está en manos del Fuero Penal Juvenil de San Isidro.