La llamada VTV consiste en inspecciones aranceladas, periódicas y obligatorias, a todo tipo de vehículos matriculados en el territorio bonaerense; por eso, sólo se autoriza la circulación a los que observan las condiciones de seguridad.

En concordancia con la Ley nacional de Tránsito 24.449 y la provincial 13.927, todos los automotores, tractores, carretones, acoplados y semiacoplados, estarán sujetos a la VTV, a fin de establecer el funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a la seguridad activa o pasiva y a las emisión de contaminantes, prohibiéndose con la nueva norma presentada el cobro de sobreprecios o adicionales.

La iniciativa crea una autoridad de aplicación por parte del Poder Ejecutivo, entre cuyas facultades, se encuentran la de fijar el canon en la entrega de obleas, certificados, como también vigilar el cumplimiento de los requisitos para la habilitación de nuevos talleres, suspender o dar de baja a los actuales, en base a la calidad de sus infraestructuras, equipamiento o recursos humanos.

Esa autoridad y los talleres habilitados no podrán, durante la VTV, imponer otro control. Los vehículos oficiales, de bomberos o de aquellos discapacitados motrices, serán exentos del pago del arancel de esa inspección.

Los que hoy gozan de licencias seguirán funcionando de modo automático, pero no en forma “exclusiva, excluyente y monopólica”, recordando Lissalde que, además de haberse otorgado la concesión del servicio por 20 años, se dividió a la Provincia en zonas, donde cada una abarca distritos, según la cantidad de vehículos radicados.

Como esas condiciones de la VTV, también están próximas a vencer, Lissalde defiende el nuevo marco jurídico que plantea, para que, entre otros objetivos, haya inmediatez entre titular del vehículo y la planta verificadora; bajar los costos; y para que las plantas tengan mejor cobertura territorial, hasta llegar, al menos, a una por distrito.

El diputado descuenta que a los 71 sitios de verificación se le incorporarán otros 40 nacionales radicados en la Provincia, sin perjuicio de la habilitación de más plantas por parte de inversores interesados en ese mercado.

Para el diputado, esa desregulación del sistema-permitirá que las plantas que integran el universo nacional de verificación (RTO) puedan participar también del vigente en la Provincia, y, a la vez, potenciar la apertura de talleres o establecimientos de ese tipo de inspecciones vehiculares.

El proyecto no sólo elimina el plazo de concesión vigente, sino que fomenta la creación de un sistema abierto, permitiendo que el usuario elija libremente donde obtener su verificación. Por eso, la Provincia será la única zona a elección del interesado.

Al mismo tiempo, pretende redefinir las tarifas que se cobran por las obleas de la verificación, las que seguirán siendo provistas por el Estado Provincial, a los prestadores de la VTV, por lo que la recaudación del erario público no se verá afectada.

La autoridad de aplicación, investida del poder de policía y control del sistema, mediante convenios, podrá delegar o compartir esa facultad con los municipios.