Para CEPA la reforma previsional es parte de la metodología del ajuste
Tras analizar la propuesta oficial, el Centro de Economía Política Argentina sostiene que la actualización centrada en la variación de precios no permitiría sostener el poder adquisitivo de los jubilados. A modo de ejemplo, los jubilados consumen más medicamentos que el promedio de los argentinos, y éstos han aumentado sus precios muy por encima de la inflación promedio.
La fórmula actual se compone de la variación en partes iguales de dos indicadores: 1) Variación de salarios. La fórmula utiliza el mayor de dos indicadores: la variación del RIPTE o de la variación de salarios de INDEC. Esto permite un vínculo con las paritarias. Es decir, lo que negocian los sindicatos se traslada a los jubilados, y eso refuerza la relación solidaria que ya tiene el sistema. 2) Variación de la recaudación nominal. Se considera para el cálculo la variación entre semestres equivalentes de los recursos tributarios del ANSES (por ejemplo, para marzo 2018 se utiliza la comparación del segundo semestre 2017 en relación al segundo semestre de 2016, lo cual reflejaría un importante ya que en 2016 el desempeño de la recaudación fue muy malo). La fórmula toma en cuenta el 100% de la variación de la recaudación nominal.
Por ello, si la modificación del índice se produjera hoy (pasando a calcularse a través de IPC y salarios) los jubilados, los beneficiarios de la AUH y quienes perciben las asignaciones familiares, no podrían recuperar nada de lo perdido en los dos años previos. La propuesta actual: IPC INDEC, RIPTE y “82% móvil” La nueva propuesta, que modifica lo acordado entre el gobierno nacional y el conjunto de los gobernadores (menos San Luis) el 16 de noviembre último, incluye estos elementos: 1. Variación con inflación en 4 trimestres. Se actualizan los montos considerando la inflación trimestral con un rezago de 6 meses. 2. Mejora a través del RIPTE. Consiste en “mejorar” el índice de cada trimestre tomando en cuenta la variación del RIPTE para el 30% del indicador y la variación de la inflación para el 70% restante. Esta nueva propuesta elimina lo acordado con los gobernadores, que consistía en “mejorar” el indicador del mes de junio de cada año con un 5% de la variación real del PBI. La fórmula tiene dos características: no se encuentra atada al crecimiento y en escenarios de retroceso del salario, puede incluso ser menos beneficiosa que la propuesta anterior.
El “82% móvil”: una propuesta que los jubilados de la mínima ya reciben La propuesta oficial incluye una cláusula que garantiza el 82% móvil como forma de “reaseguro” para los jubilados respecto de un piso de ingresos. Lo cierto es que se trata de la utilización de una consigna histórica (el 82% móvil se gestó durante el gobierno radical de A. Illia) aunque con un sentido cambiado: ya no es el 82% del salario como trabajador activo, sino que es el 82% móvil de la jubilación mínima sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y acotado a aquellos que tengan 30 años de aportes efectivos. En la actualidad, la jubilación mínima alcanza los $7.246, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil asciende a $8.860. La relación es de 81,78%. Es decir, hoy ya existe el 82%, y no se limita a aquellos con 30 años de aportes.
Precisiones sobre las propuestas en torno al cálculo de movilidad y análisis sobre los regímenes especiales de jubilación. Conclusiones;
El cambio que propuso el Gobierno en materia previsional implica la actualización de las jubilaciones y pensiones, la AUH y las asignaciones familiares reemplazando el índice de movilidad jubilatoria del año 2009 por la inflación medida por INDEC (en un 70%), “mejorada” a través de la variación de salarios (RIPTE) y afectando el 30% de la fórmula.
La propuesta del Gobierno no es aislada. La última recomendación del FMI en 2016 indica que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Misma mirada sostiene la OCDE, que recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”, indicando que la fórmula actual –modificada e 2009- “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”.
Siguiendo este último razonamiento, lo que se cuestiona –en el fondo- en el sistema jubilatorio solidario: naturalmente si los gremios pugnan por aumentos en las paritarias, ese beneficio se traduce a los jubilados, dado que los actuales activos financian la jubilación de los actuales inactivos de tercera edad. Ese sistema es lo que se busca quebrar. La fórmula original del gobierno, en efecto, eliminaba el componente salarial en la actualización.
RIPTE vs PBI. La propuesta “superadora” de Pichetto y plasmada en el dictamen del Senado, consiste en la inclusión del RIPTE (o variación salarial) en un 30%, e implica unos $43,84 adicionales para la jubilaciones mínima en marzo 2018. Respecto de la propuesta original del gobierno (Inflación + PBI), es una mejora de 0,4%. Si se estima la proyección anual, se puede percibir que la diferencia entre las dos propuestas es de sólo $287 en el año. Naturalmente, el cálculo para la AUH o el salario familiar resulta mucho menos significativo. En el caso de la AUH, la diferencia a marzo asciende a $8,54.
En síntesis, la fórmula Pichetto propone quitarle a los jubilados unos $700, para devolverles $40. Para los beneficiarios de la AUH, la propuesta es perder $134 para recuperar $9.
La reciente propuesta aprobada en Comisión del Senado además puede tener un resultado adverso para los jubilados. Frente a un modelo económico que propone el retroceso de los salarios, el efecto sobre las jubilaciones tendrá el mismo recorrido (se 17 verá afectado por una variación menos significativa en el RIPTE respecto de la inflación).
El 82% móvil. La propuesta oficial incluye una cláusula que garantiza el 82% móvil sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, como forma de “reaseguro” para los jubilados pero acotado a aquellos que tengan 30 años de aportes efectivos. En la actualidad, esto ya existe: la jubilación mínima alcanza los $7.246, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil asciende a $8.860, por lo que la relación es de 81,78%.
Con la nueva propuesta, el monto agregado que dejarán de percibir los jubilados y beneficiarios de AUH y salario familiar alcanzará los $75 mil millones en 2018. Es importante mencionar que las primeras estimaciones realizadas sobre las modificaciones del cálculo alcanzaban los $100/110 mil millones. La reducción de tal monto no se encuentra relacionada con las propuestas de “mejora”, a través de PBI real o de RIPTE, sino que la variación responde a la decisión del Gobierno de utilizar un IPC con un rezago de 6 meses (por ejemplo: para marzo 2018 se utiliza la inflación de julio, agosto y septiembre 2017). La estimación de inflación para 2018 resulta inferior a la pauta de inflación mensual del segundo semestre de 2017. La utilización de estos últimos datos acotó la diferencia estimada.
La jubilación mínima sufriría una merma en su actualización de $6.208 durante 2018, mientras que en la AUH la diferencia alcanzaría los $1.135. En términos mensuales, ya en marzo de 2018 la jubilación mínima perdería casi $700 mientras que la AUH haría lo propio en $134.
El recorte de los regímenes previsionales especiales puede alcanzar los $12 mil millones. Aunque no resulta desdeñable, parece escasa la vocación del gobierno de avanzar en ese recorte que afectaría básicamente a jueces y diplomáticos.