Después de vetar una ordenanza que cerraba las puertas de la ciudad a iniciativas comerciales vinculadas a la construcción y comercialización de nuevos emprendimientos inmobiliarios, se convierte en un municipio espejo para distritos que apuestan al crecimiento.

En un momento donde el mercado inmobiliario y la construcción afrontan una durísima situación, la medida adoptada por el ejecutivo de Pinamar, en el marco de la pandemia por COVID-19, podría cosechar sus frutos y abrir la puerta a la recuperación del sector. Se espera que el costo de la construcción, en el nivel más bajo de los últimos 15 años, actúe como base para la recuperación, si el gobierno logra reducir la brecha y estabilizar el valor del dólar.

La ordenanza 1651/2020 aprobada por el Concejo Deliberante el 25 de septiembre y vetada, dos semanas después, por el intendente de la ciudad balnearia Martín Yeza, buscaba prohibir la habilitación municipal de inmobiliarias que operen bajo nombre de fantasía y/o en representación de marcas, franquicias o licencias. Si se evitan las medidas que obstaculicen el desarrollo de los negocios y la macro pospandemia ayuda, el sector podría comenzar a despegar en el primer semestre de 2021.

En este sentido Mariano García Malbrán, director ejecutivo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) sostuvo: “que una ciudad como Pinamar le cierre la puerta a empresas que pueden traer desarrollos inmobiliarios y comercializar nuevos emprendimientos, realmente, es algo muy difícil de entender. Por suerte, el Intendente lo comprendió así y estamos muy contentos, porque tendrá un impacto muy positivo en la comunidad”. Para el vocero de CAMESI, la ordenanza perjudicaba el crecimiento económico de la ciudad. “Yeza fue muy claro al destacar que su objetivo es el desarrollo comercial y económico de Pinamar, nunca poner trabas, sino hacer que la ciudad pueda crecer”, señaló.

La norma respondía a un intento por parte del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Dolores y Pinamar de limitar iniciativas comerciales vinculadas a la construcción y comercialización de nuevos emprendimientos inmobiliarios, esto enciende la alarma en varios distritos. En el partido de Ayacucho, por ejemplo, una ordenanza con idéntica lógica persigue el mismo propósito. En relación a lo ocurrido en la ciudad costera, García Malbrán fue muy claro: “las mezquindades de las empresas inmobiliarias tradicionales, instaladas en Pinamar desde hace muchos años, pretendían cerrar el mercado; impidiendo que aparezcan empresas que presten servicios inmobiliarios de manera innovadora, tecnológica y con un salto de calidad en el servicio que brinda el sector”.